La ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizó un chequeo de las declaraciones que realizó el juez federal Ariel Lijo en la audiencia pública que se desarrolló en el Senado como parte del proceso para ser elegido juez de la Corte Suprema de Justicia y detectó que hay al menos ocho afirmaciones falsas, dudosas o imprecisas.

El informe de ACIJ se basó en contrastar las afirmaciones de Lijo tras su paso por la Comisión de Acuerdos el Senado el 21 de agosto pasado con información pública disponible para intentar determinar su veracidad y su nivel de precisión. Para el análisis hicieron pedidos de acceso a la información pública ante diversas instituciones, buscaron datos en la web de organismos públicos y consultaron a periodistas especializados.

Estas son la afirmaciones cuestionadas por ACIJ:

1. Falsa

Es “falsa” la afirmación del juez cuando dijo: “Las investigaciones realizadas sobre mi persona determinaron mi inocencia”, en referencia a la causa que enfrentó junto a su hermano Freddy, por supuesto enriquecimiento ilícito tanto en la justicia como en el Consejo de la Magistratura. La ONG entendió que “no es cierto que todas las investigaciones contra Lijo hayan sido concluyentes respecto de la ausencia de elementos e indicios que las sustenten. Hay denuncias que aún no fueron resueltas y otras que caducaron por el paso del tiempo, pero no determinaron su inocencia”.

Explicó que Lijo recibió 34 denuncias disciplinarias ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño o por presunta comisión de delitos desde 2004, cuando empezó como juez y la fecha de la audiencia (agosto de 2024). De estas 34 denuncias, 11 fueron desestimadas, 16 fueron desestimadas in limine (sin tratamiento), dos fueron archivadas por el paso del tiempo (tras 3 años sin resolución, el Consejo procede a su archivo) y cinco todavía están abiertas.

Lijo fue denunciado en 2018 por asociación ilícita, lavado de activos y soborno en una causa del juez Julián Ercolini y que el fiscal Franco PIcardi no apeló cuando la causa se cerró. Elisa Carrió y el diputado Juan Manuel López presentaron ahora dos denuncias, una ante el Consejo de la Magistratura y otra ante la Procuración General de la Nación, en las que solicitaron que se auditara la actuación de Ariel Lijo y Julián Ercolini y que se incorporara a esos expedientes un inform de la Unidad de Información Financiera que da cuenta de supuestas “inconsistencias patrimoniales del juez Lijo”.

2. Dudosa

ACIJ dijo que es “dudosa” la afirmación del juez acerca de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “nunca fue” su abogado. Dijo Lijo que no tuvo abogado porque nunca estuvo imputado. mi abogado”.

La ONG señaló que la periodista Candela Ini, que se desempeño en el diario LA NACION, identificó que Cúneo Libarona fue el abogado que pidió el sobreseimiento de Ariel Lijo de la causa penal en su contra, y que luego fue dispuesto por el juez Ercolini. Ini explicó que, tiempo atrás, Cúneo Libarona reconoció ante periodistas su actuación como defensor tanto de Alfredo Lijo como de su hermano Ariel.

3. Falsa

ACIJ dijo que es “falsa” la siguiente afirmación de Lijo: “Aunque no está en mi CV, realicé el curso de la Ley Micaela” que es una capacitación obligatoria para magistrados sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres.

LA ONG presentó el 28 de agosto un pedido de acceso a la información en el Consejo de la Magistratura pidiendo el listado de jueces que se capacitaron en la ley Micaela y en la Escuela Judicial, la Unidad de Derechos Humanos y Género del Consejo y en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Ariel Lijo no figura en ninguno de los listados.

4. Falsa

ACIJ dijo que es “falsa” la afirmación del juez acerca de que “la mayoría de las causas que tramitan ante de Corte Suprema son penales”. Lijo dijo que la cantidad de casos por materia que trató la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos 4 años (2020 a 2023), indican que el 69,44% han sido sobre materia penal”.

La ONG, en cambio, sostuvo que “de acuerdo a las estadísticas publicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias penales dictadas por el tribunal entre 2020 y 2023 representaron, en promedio, el 30,37% del total de fallos del período. Y que sobre las causas resuelta, las penales entre 2020 y 2023 representaron un 17,06% de las causas totales. La Corte Suprema no explicita la metodología para obtener las cifras indicadas ni la diferencia entre el total de fallos y el total de causas resueltas, pero ninguno de los números publicados coincide con el proporcionado por Lijo.

5. Imprecisa

ACIJ entendió que es “imprecisa” la afirmación de que el juzgado de Lijo fue el primero en obtener una certificación de las normas ISO. “Existe una certificación ISO 9001 del año 2000 que luego fue actualizada en 2008. En su declaración, el candidato habla de “normas ISO”, sin aclarar si habla de la norma ISO 9001/2008 o de la norma ISO 9001 en términos generales. En su currículum, Lijo declara haber obtenido la certificación ISO 9001/2008 en 2017. No obstante, el Juzgado Federal N° 3 de Lomas de Zamora habría obtenido una certificación ISO 9001 en 2003, por lo que el juzgado de Ariel Lijo no habría sido el primero en tener la acreditación de dicho proceso, aunque sí lo habría sido respecto de la ISO 9001/2008.

6. Confusa

ACIJ calificó como “confusa” la afirmación del juez federal acerca de que “hoy la Justicia tiene mecanismos de ingreso más democráticos” que -”gracias a la lucha” del gremio de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, evita el ingreso al Poder Judicial como meritorio, sin remuneración.

La ONG señaló que la mera eliminación del régimen de meritorios “no conduce por sí sola a un mecanismo más democrático”, sino que permite que se respeten los derechos laborales y nada impide el ingreso por “vínculos personales y no por su idoneidad”. La ley prevé la realización obligatoria de concursos públicos para la cobertura de cargos la justicia y la procuración pero debido a su falta de reglamentación por parte de la Corte Suprema no se cumple en el ámbito del Poder Judicial.

Algunos juzgados o cámaras de apelaciones avanzaron por decisión propia en alguna forma de ingreso democrático pero la jurisdicción de Ariel Lijo que es la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, no es parte de este grupo, dijo ACIJ y mencionó que una investigación publicada en JusTA “detectó que el candidato postulante tiene parientes designados en el ámbito judicial”.

7. Falso

ACIJ dijo que es “falso” que el juzgado de Lijo fuera “el primer tribunal en lograr la colaboración con Suiza en materia de información bancaria”, como afirmó el magistrado en el Senado.

La ONG mencionó que en 1998, el entonces juez Adolfo Bagnasco recibió en Berna información sobre cuentas bancarias vinculadas al caso IBM-Banco Nación; en 2001, el juez entonces Jorge Urso habría recibido colaboración de Suiza en la causa por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador por la que Carlos Menem cumplió arresto domiciliario. Por lo que el juzgado de Lijo no habría sido, entonces, el primero.

8. Imprecisa

ACIJ dijo que es “imprecisa” la afirmación del juez acerca de que “fueron muy pocos los fallos que se me revocaron”. La ONG dijo que asegurar que fueron “pocas” las sentencias revocadas “es una afirmación cuya veracidad es difícil de comprobar, dado que se trata de un concepto relativo. Lijo no presenta estadísticas sobre la tramitación de las causas. Desde 2013 la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura dejó de publicar los datos estadísticos de la mayoría de las jurisdicciones del Poder Judicial de la Nación, tornando imposible un adecuado control y seguimiento de las causas y su tramitación en prácticamente la totalidad del sistema judicial.

Tampoco es posible contrastar los datos brindados con información elaborada por Ariel Lijo luego de la audiencia, en tanto no ha remitido los datos al senador de la Libertad Avanza Francisco Paoltroni “de acuerdo al compromiso asumido en el marco de la audiencia”, según dijeron en el despacho del senador.

Qué es ACIJ

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de derechos de grupos desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. Tiene 22 años, y sus tres ejes de trabajo son la calidad de la democracia, la igualdad económica y el trabajo por los derechos sociales de los grupos vulnerables. Integran su comité honorario los profesores Catalina Smulovitz, Roberto Gargarella, Víctor Ferreres y Martín Böhmer.